Guadalcanal a mediados del XVII

Manuel Maldonado Fernández

Revista Guadalcanal año 2015

A mediados del XVII, en Guadalcanal estaban representados los estereotipos sociales propios de su época y marco geopolítico; es decir, los de la corona de Castilla, en general, y los particulares de la Orden de Santiago, institución a la que pertenecía.

Su vecindario, reducido casi a un 50% respecto al de finales del XVI, estaba distribuido en los tres estamentos propios del Antiguo Régimen: el nobiliario, el clerical y el estado general, también conocido como el del pueblo llano o de los buenos hombres pecheros.

El estamento nobiliario se reducía a la oligarquía que entonces gobernaba su concejo, ennoblecida especialmente a cuenta del dinero que los muchos indianos guadalcanalenses mandaron del otro lado del Atlántico pues, como es conocido, algunos de ellos desempeñaron papeles importantes en el descubrimiento y conquista de América y Oceanía. En efecto, hemos podido constatar que los descendientes de alguno de los indianos guadalcanalenses compraron y acapararon los oficios públicos (regidurías, alferazgos, alguacilazgos, escribanías) ofertados continuamente por la Corona con la finalidad de hacer caja y aliviar su hipotecada Hacienda.

El estamento clerical era más numeroso de lo que pudiera sospecharse, estimando que, aparte los tres párrocos (Santa María, Santa Ana y San Sebastián), asociados a sus colaciones o distritos parroquiales se localizaban unos 50 clérigos más, distribuidos en las distintas categorías propias de la carrera eclesiástica. Y a todos había que mantenerlos decentemente, viviendo con comodidad a expensas de la administración de sacramentos (bautismos, casamientos y defunciones) y de las numerosas capellanías, obras pías, memorias de misas, etc. establecidas en la villa, muchas de ellas, las más suculentas en cuanto a beneficios para el estamento clerical, fundadas por los referidos indianos.

También relacionado con este estamento estaban presentes en la villa tres conventos de religiosas y dos de religiosos (casi un centenar de monjas y frailes, aparte del personal seglar asociado). Los conventos femeninos fueron fundados por tres indianos guadalcanalenses, quienes además dejaron a sus monjas una importante suma de dinero para que con sus rentas pudieran mantenerse con dignidad a lo largo de los siglos, como así fue hasta finales del XVIII. Así, por lo que hemos podido averiguar, los conventos femeninos, y algunos de los oligarcas locales, estaban entre las entidades de crédito y prestamistas más importantes de la zona, siendo acreedores de la mayoría de los arruinados concejos santiaguistas del entorno (Llerena, Azuaga, Ahillones…).

Regidores, hacendados y religiosos representaban los dos estamentos privilegiados, sostenido por el tercero de ellos, el más numeroso y desfavorecido estado de los buenos hombres pecheros, con muchos deberes y pocos derechos.

En nuestra villa, también se reflejaba el estado decadente del Imperio y de la corona de Castilla, crisis achacable a las numerosas guerras afrontadas por la monarquía hispánica y al recurrente incremento fiscal que se imponía para afrontarlas. En realidad, esta elevada fiscalidad ya apareció durante el reinado de Felipe II, sin que por ello pudiese evitar la bancarrota en su Real Hacienda. Así lo entendían en el Consejo de Hacienda, cuando el 15 de septiembre de 1598, pocos días después de la muerte de Felipe II, puso en conocimiento de Felipe III, su heredero, y en el de los representantes de las ciudades de Castilla reunidos en Cortes el lamentable e hipotecado estado del patrimonio real. Advertían “que el rey no podía reinar y mantener su imperio de lo suyo”, es decir, de las rentas y servicios reales habituales, sino que tendría que pedir auxilio a sus súbditos mediante contribuciones extraordinarias. Y, “groso modo” esta fue la directriz que presidió la política fiscal seguida por los Austria del XVII, pues con el Imperio sucesivamente (Felipe III, entre 1598 y 1621; Felipe IV, entre 1621 y 1665; y Carlos II, entre 1665 y 1700) heredaron:

  • Guerras y discordias acumuladas durante el XVI y XVII con la mayoría de las monarquías europeas.
  • Conflictos internos entre los distintos reinos peninsulares (independencia de Portugal e intento separatista catalán).
  • Deudas en la Hacienda Real acumuladas desde los tiempos del emperador Carlos I.
  • Una presión fiscal que, aparte de muy elevada, era injusta, por afectar diferencialmente a los distintos reinos hispánicos, siendo los súbditos de la corona de Castilla quienes pechaban con la mayor parte de la carga tributaria.
  • Un sistema de recaudación de rentas reales ordinarias y extraordinarias muy complejo y costoso para el erario público.
  • Unos concejos arruinados e hipotecados a cuenta de la presión fiscal ascendente.
  • Y, por abreviar, que podríamos añadir otras calamidades naturales (epidemias, climatología adversa, plagas de langostas y gorgojos, malas cosechas…) no inherente a errores políticos, un sistema monetario anárquico y fraudulento, que dificultaba el comercio interior y el exterior.

Pues bien, ninguno de los monarcas del XVII encontró soluciones para los problemas heredados. Todo lo contrario, pues a medida que avanzaba el siglo la situación se complicaba, destacando como momentos más críticos el período de 1637 a 1647 y el de1676 a 1685.  Sólo a finales del siglo se corrigió esta inercia decadente, punto de inflexión alcanzado precisamente durante el reinado del monarca más débil: el hechizado, impotente y enfermizo Carlos II.

En efecto, la guerra fue algo inherentes a la monarquía hispánica durante el XVI y el XVII, siendo difícil encontrar una tregua que permitiera resarcirse de los consecuentes gastos. Sin embargo, el campo de batalla solía localizarse más allá de los Pirineos, hasta que en 1637 los franceses decidieron hostigarnos en casa, invadiendo parte del País Vasco y de Cataluña. Esta circunstancia motivó la primera gran movilización y reclutamiento de soldados del XVII, acompañado de un incremento en la presión fiscal. Afortunadamente, la respuesta del improvisado ejército fue eficaz, de tal manera que en 1639 los franceses quedaron forzados a abandonar sus aspiraciones expansionistas en la Península.

En 1637, con motivo de la citada invasión francesa, se constituyó en Guadalcanal la primera compañía o “milicia antigua”, constituida por unos 60 ó 70 de sus más competentes vecinos, que permanentemente defendieron al rey en Cataluña como soldados de infantería hasta 1659. Esta larga campaña, una vez que los franceses se retiraron en 1639, fue motivada por el movimiento secesionista catalán, iniciado en 1640 y concluido en 1659.

Aprovechando la revuelta catalana, los portugueses iniciaron el mismo camino independentista unos meses después. Esta inoportuna e infructuosa guerra vino a acentuar los males endémicos de Extremadura. En efecto,  Fernando Cortés (“Guerra en Extremadura: 1640-1668, en Revista de Estudios Extremeños, T. XXXVIII-I, Badajoz, 1982.), analizando las bajas de campaña demuestra que la mayor parte del improvisado, bisoño e indisciplinado ejército estaba constituidos por soldados extremeños, como también eran de origen extremeño una buena parte de los pertrechos que de imprevisto se requería para mantenerlos. Por ello, a finales de 1639 nuevamente fueron alistados otros 60 ó 70 soldados guadalcanalenses de infantería para este nuevo frente bélico. En total, entendemos que durante estos largos conflictos unos 160 soldados locales quedaron movilizados (130 infantes, más 30 de caballería) constantemente, cubriendo las bajas y deserciones cada que estas circunstancias se producían.

Aparte lo ya referido, de estos años de angustias y zozobra tenemos importantes noticias de nuestra villa, sin equivalente en otros pueblos del entorno. Surgieron a cuenta de un pleito entre los párrocos locales y las instituciones interesadas en el cobro del diezmo, de las que reclamaban un incremento de más del 100% en sus sueldos o beneficio curado (Archivo Diputación Provincial de Sevilla, Sec. Hospitales, leg. 10). Como ya hemos explicado en otras ocasiones, el diezmo era un tributo de vasallaje que los vecinos pagaban a la Orden de Santiago y representaba el 10% de todas las producciones agropecuarias de la villa y su término. En aquellos momentos, sus beneficios se distribuían entre varias instituciones. Concretamente entre:

– El comendador de la villa, que entonces lo era el conde de Rivera, a quien le correspondía el 50% de los diezmos históricos de dicha encomienda

– El comendador de los bastimentos de la Provincia de León de la Orden de Santiago, que lo era entonces el duque de Fernandina, a quien le pertenecían las primicias, es decir, el diezmo de las diez primeras fanegas, arrobas o cabezas de ganado de las rentas agropecuarias producidas en el término de la encomienda.

– Y el hospital de la Sangre de la ciudad de Sevilla (hoy sede del Parlamento de Andalucía), como poseedor de las rentas de vasallaje que habían correspondido a la Mesa Maestral, más la otra mitad del que históricamente correspondía a la encomienda.

Lo usual en las encomiendas santiaguistas era que los diezmos se repartiesen entre el comendador de la misma, el de los Bastimentos y la Mesa Maestral. Sin embargo, en la de Guadalcanal, como ya hemos explicado en otra ocasión, en 1540 Carlos V tomó la decisión de vender la mitad de los derechos de vasallaje de la encomienda y todos los pertenecientes a la Mesa Maestral al Hospital de la Sangre de Sevilla, una obra pía de Catalina de Rivera y de su hijo don Fadrique Enríquez de Rivera, primer marqués de Tarifa y comendador de Guadalcanal entre finales del XV y 1539, fecha en la que murió.   

Pues bien, a resulta de las negociaciones de la referida venta, el hospital sevillano se comprometió a pagar parte del salario de los tres párrocos guadalcanalense. El resto, como era usual en la Orden de Santiago, lo abonaban las otras dos instituciones interesadas en el cobro de los diezmos: el comendador de la encomienda y el comendador de los bastimentos de la Provincia de León de la Orden de Santiago en nuestro caso.

Y así venía ocurriendo desde tiempos inmemoriales. Pero en 1642, los tres párrocos guadalcanalenses opinaban que la crisis que imperaba en Castilla les había afectado seriamente, por lo que demandaron un incremento en sus salarios o beneficios curados. Alegaban que la vecindad se había reducido a la mitad, por lo que sus otros ingresos adicionales, en especial los derivados por tasas o aranceles aplicados en la impartición de los sacramentos (bautismos, velaciones, casamientos y entierros), se habían reducido considerablemente. Así que, ni corto ni perezoso, cada párroco a titulo particular se embaucó en un largo pleito reclamando de los perceptores de los diezmos un incremento superior al 100% de lo hasta entonces estipulado en su beneficio curado.

La información colateral que nos proporciona los expedientes de estos pleitos es extraordinaria, reflejando con mucha aproximación la mentalidad de la época, el caos administrativo y jurisdiccional que se presentaba en la institución santiaguista, así como la realidad socioeconómica imperante.

El desarrollo de cada uno de los tres pleitos fue paralelo, aunque se trataba de la misma cuestión y circunstancia. En primer lugar, cada párroco solicitó del rey, a través de su Consejo de las Órdenes, un incremento en su beneficio curado, para vivir con la decencia y desahogo que correspondía a su sacro ministerio. Como respuesta, desde dicho Consejo se despachó una Real Provisión, dando cuenta de la demanda y nombrando un juez instructor competente que, al tratarse las cuestiones decimales como un asunto perteneciente a la jurisdicción eclesiástica, su nombramiento recayó en don Francisco Caballero de Yedros, vicario del convento y vicaría de Santa María de Tudía (y Reina).

Don Francisco citó a cada uno de los párrocos, recogió sus peticiones y argumentos, así como las declaraciones de los testigos presentados, declaraciones que son las que realmente nos interesan en esta ocasión. Igualmente citó al colector de cada una de las parroquias, es decir, al clérigo encargado de cobrar las tasas y aranceles por todos los actos litúrgicos celebrados en la misma, así como de su reparto entre la comunidad de clérigos asociados, destacando especialmente la parte proporcional que le correspondía a cada uno de los párrocos demandantes.

Recabada estas testificaciones, el juez instructor citó a los comendadores (al de Guadalcanal y al de los bastimentos de la provincia santiaguista de León en Extremadura) y, en su habitual ausencia, a sus administradores para requerirles los libros de contabilidad de cada una de ellas y determinar así sus beneficios. Para mayor seguridad, también cito y tomó declaración al administrador del convento de San Marcos de León en Llerena, quien, por su oficio y responsabilidad (le correspondía la décima parte de los diezmos), debía conocer las cuentas de las citadas encomiendas. Igualmente citó al administrador del Hospital de la Sangre en Guadalcanal, tomando razón de sus beneficios en dicha villa.  

Las testificaciones y probanza comenzaron el 18 de julio de 1643, requiriendo don Francisco Caballero de Yedros la presencia del párroco de Santa Ana, el licenciado Alonso de Morales Molina. Después de escucharle, éste presentó a varios testigos para argumentar y justificar la petición de aumento de salario en su beneficio curado.

El primero de ellos fue el presbítero Francisco Rodrigo Hidalgo, vecino de Guadalcanal, clérigo asociado a la comunidad eclesiástica de Santa Ana y colector de la misma. Tras jurar decir la verdad, manifestó conocer al párroco de Santa Ana, añadiendo que el beneficio curado del mismo, como era público y notorio, ascendía a 1.172 reales al año (676 que pagaba la encomienda, 272 el hospital y 104 reales de los bastimentos), cantidad que estimaba insuficiente para su digna manutención, dada la calidad de su oficio. Añadía que recibía otros ingresos de ayuda de costas por bautismos, velaciones, casamientos, entierros, memoria de misas, etc., que en total ascendían, unos años con otros, a 700 reales, pues el resto de lo recolectado por la parroquia pertenecía a la comunidad eclesiástica asociada misma. De todo ello, manifestaba tener constancia cierta por ser su colector y haber revisado los libros sacramentales y de contabilidad. Justificaba lo exiguo de la ayuda de costas (700 reales, a los que habría que sumarle los 1.172 reales del beneficio curado, una fortuna para aquella época, con un jornal de 2 reales diarios) explicando que en los últimos años había descendido considerablemente la vecindad de Guadalcanal, en particular la de la colación o distrito parroquial de Santa Ana, añadiendo que los vecinos que quedaban eran tan pobres que apenas podían pagar los aranceles establecidos por recibir los distintos sacramentos. Por ello, -continúa testificando- debería incrementarse el beneficio curado de la parroquia en unos 2.000 reales más, señalando a los perceptores de los diezmos locales para dicho incremento. En este sentido, manifestaba que el conde de Rivera cobraba anualmente de diezmo en Guadalcanal unos 30.000 reales, “poco más o menos”, que el hospital arrendaba sus derechos en 20.000 reales y que el duque de la Fernandina, por sus derechos de primicias en la encomienda de bastimento, cobraba de arrendamiento unos 2.000 reales, de lo que tenía referencia por haber sido testigo del trato de estas instituciones con sus arrendadores.

Presentó el párroco un segundo testigo, que decía llamarse Gonzalo de la Fuente Remuzgo, también presbítero. Se ratificó en lo declarado anteriormente, insistiendo en el despoblamiento de la villa y en la crítica situación que quedaban los que aún moraban en ella. Textualmente:

…que por la esterilidad de los tiempos faltan de la parroquia muchos vecinos, por haberse despoblado muchas calles, como son la calle del Castillo, la mayor parte de la calle de Juan Pérez y la del Altozano; y los demás de la dicha parroquia tienen sus casas caydas, que no se habitan (…) y sabe asimismo que los demás vecinos que han quedado en la dicha parroquia son muy pobres, excepto seis u ocho casas de labradores que tienen algo con que pagar…

Pedro Díaz de Ortega, vecino y regidor perpetuo de la villa, fue el tercero de los testigos presentado por el párroco de Santa Ana. Como los anteriores, dijo conocerlo, ratificando los testimonios ya descritos e insistiendo en el despoblamiento que la villa había experimentado durante los últimos años. A este respecto manifestaba:

…que de la dicha parroquia han faltado muchos vecinos en el tiempo del testigo, por faltar muchas calles, como son la calle de Gutiérrez, la de la Atalaya con sus revueltas, la del Castillo con la revuelta al Barrial Chico y la de las Erilla con vuelta a la Fuente de la Cardadora, conociendo el testigo todas las calles y vueltas llena de vecindad, sin faltar casa alguna y oy son cortinales; y también conoció la calle de Llerena, con toda su vecindad, y que oy es cortinal sus casas; y faltan las casas de la mitad de la calle de Juan Pérez. Y sabe que los vecinos que han quedado en la dicha Parroquia son pocos y muy pobres y necesitados…

El cuarto de los testigos decía llamarse Francisco Yanes Camacho, que también se ratificó en lo ya descrito. Respecto a la situación del vecindario de la parroquia, que es el que más nos ocupa, decía:

…que en la dicha parroquia, desde que el testigo se acuerda, faltan más de ciento cincuenta casas y vecinos, porque falta la calle de Gutiérrez y toda la calle del Castillo, que era muy grande y de muchos vecinos no tiene más que seis o siete; las calles de la Erillas, Altas y Bajas, todas ellas; en la calle de la Cestería no han quedado más que dos casas;  a la Puerta de Llerena, que era una gran calle, no han quedado vecinos; en el Altozano hay solo dos; en la calle de las Gregorias no ay casa alguna; y en las demás calles que hoy tienen vecinos, que son pocas, faltan muchas gente;  los vecinos que han quedado son muy pobres y pasan necesidad; y sábelo por ser capellán de dicha Parroquia, adonde nació y se crió toda su vida…

Escuchado al párroco de Santa Ana y sus testigos, el vicario y juez instructor llamó a Francisco Rodríguez de Santiago, en calidad de administrador de la encomienda de los bastimentos, quien manifestó que los beneficios de la encomienda por las primicias de cereales ascendía a unos doscientos ducados, unos años con otros (2.200 reales) y que últimamente cobraba algo menos porque los labradores “se van apocado”. Y, respecto del vino, unos doscientos reales, aunque en la última cosecha llegó a 600.

            Citó el vicario a don Rodrigo de Ayala y Sotomayor, (del hábito de Santiago, administrador de la encomienda en nombre del conde de Rivera, ausente en Italia, prestando servicio a S. M), preguntándole por los beneficios de la encomienda, don Rodrigo dijo que no podía responderle, pues en esos momentos ya no era administrador de la encomienda, a la que había renunciado también por prestar servicio a S. M., concretamente como Sargento Mayor y gobernador del tercio viejo en Extremadura. Por ello remitía a quien lo sustituyó, es decir, a Cristóbal Carranco (vecino de Guadalcanal, descendiente directo del conquistador Ortega Valencia, que fue el que restauró el culto y devoción a la Virgen de Guaditoca), quien tenía a su cargo todos los papeles de la encomienda.

También solicitó el vicario la presencia del administrador del Hospital, quien demostró que las rentas obtenidas en los últimos tres años daban de media unos 15.000 reales.

Requirió nuevamente el vicario la presencia del párroco de Santa Ana, y la del presbítero Francisco Yañes Camacho, colector de dicha parroquia, para que dieran cuentas con detalles de la colecturía, como así lo hicieron presentando los libros de contabilidad correspondiente a los últimos seis años, por los que demostraban el considerable descenso del número de sacramentos administrados, debido al descenso de vecindad citado.

Por último, para cotejar la información obtenida, estimó oportuno el vicario requerir datos indirectos sobre los beneficios decimales, requiriendo declaraciones de los escribanos de la villa, así como de don Francisco de la Mancha, administrador en Llerena y su partido del real convento de San Marcos, quien presentó seis libros de tazmías correspondiente a los diezmos de Guadalcanal en los seis últimos años.

En parecidos términos, y siguiendo el mismo procedimiento, se instruyeron los procedimientos relativos a las otras dos parroquias, que nos ahorramos para evitar repeticiones.

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