Alcaldes de seis municipios colindantes con el almacén de residuos nucleares de El Cabril (Córdoba) solicitaron ayer a la directora general de la Energía, María Luisa Huidobro, la elaboración y puesta en práctica de un plan de desarrollo socioeconómico para estos pueblos de las provincias de Badajoz y Sevilla. Los alcaldes se oponen además a cualquier posible ampliación de las instalaciones para almacenar desechos de alta actividad.
Estos seis municipios -Granja de Torrehermosa, Malcocinado y Azuaga, de Badajoz, y San Nicolás del Puerto, Guadalcanal y Constantina, de Sevilla- se encuentran situados en un radio menor a 30 kilómetros del almacén nuclear, algunos de ellos incluso más cerca que el propio pueblo cordobés de Hornachuelos, en cuyo término municipal se asienta El Cabril.
Sin embargo, estos seis municipios no reciben ningún tipo de compensación económica de la Administración, puesto que la actual normativa solo reconoce este derecho a aquellas poblaciones cuyo término municipal y casco urbano se encuentren a menos de 8 y 16 kilómetros, respectivamente, de una instalación nuclear. “Estamos en contra de la filosofía de acotar por kilómetros las compensaciones, tal y como establece la normativa. Sin embargo, no pedimos una ‘limosna’ económica, sino un verdadero plan de desarrollo socioeconómico, que incluya mejoras en la infraestructura viaria e industrial”, señalaron los alcaldes a ABC.
Victoriano Prieto Molina, alcalde de Azuaga, explicó a ABC que los representantes del ministerio de Industria y Energía aceptaron en la reunión de ayer intermediar ante la Vicepresidencia del Gobierno, única instancia oficial con capacidad para dar solución política a un problema que compete a varios ministerios, Comunidades autónomas y otras administraciones locales. Ambas partes quedaron citadas para una próxima reunión el 31 de agosto próximo.
Cerca de veintiséis mil personas viven en estos seis municipios, donde la tasa de desempleo alcanza el 42 por ciento. Una de las mayores carencias de la zona es una satisfactoria vía de comunicación por carretera con Sevilla. Por otra parte, la deficiente red de alta tensión existente en la zona impide el establecimiento en la comarca de medianas y grandes empresas.
En este sentido, otra de las reivindicaciones de los alcaldes es que el ministerio de Industria propicie y aliente a inversores para que se instalen en las zonas limítrofes de El Cabril, así como la puesta en marcha de un plan de inversión para fomentar el empleo.
En cualquier caso, los alcaldes Juan Ramírez Díaz (Granja de Torrehermosa); Carmelo Montero Cabezas (Guadalcanal); Juan Antonio Rivera Meléndez (Constantina); Avelino Camacho Vizuete (Malcocinado); Juan Antonio Guerrero García (San Nicolás del Puerto) y Victoriano Prieto Molina (Azuaga) se muestran contrarios a cualquier posible ampliación de las instalaciones de El Cabril y exigen su participación en la gestión y control de este almacén nuclear de residuos de baja y media actividad.
Los alcaldes de estos seis pueblos precisan que nunca fueron consultados sobre la instalación de El Cabril en la comarca e insisten en que Enresa, empresa pública gestora del almacén, se ha limitado a dar largas a sus demandas para ganar tiempo y realizar una ampliación de El Cabril durante el pasado año. “Enresa ya no nos merece confianza como interlocutor”, subrayan. Las conversaciones con el ministerio de Industria se iniciaron en 1989, pero hasta el momento estos municipios no han conseguido un compromiso de este Departamento sobre el cumplimiento de alguna de sus reivindicaciones.
Hace escasos días, la empresa propietaria de la central Vandellós-I, cuyo cierre fue ordenado tras un incidente el 19 de octubre de 1989, comunicó que enviará al almacén de El Cabril cien mil cilindros de grafito contaminado.